“Los hechos delictivos van en aumento. Ayer una vecina escuchó ruidos a las 5, bajó al living y se encontró con un delincuente en la sala. Nos despertamos con el grito que dio y sonamos la alarma vecinal. Por suerte el ladrón se asustó también y se fue robando una bicicleta”, señaló Néstor Romero, vecino del country La Arboleda, donde un nutrido grupo de propietarios considera que la creciente inseguridad que vienen sufriendo se debe a la gestión interventora que los maneja. “Es como si estuviésemos presos, no podemos decidir nada desde hace dos años”, agregó el hombre.
El hecho descripto es uno de los tres robos que los habitantes de ese barrio cerrado denuncian haber sufrido este fin de semana. Según manifestaron, los delincuentes robaron dos garrafas en sendas viviendas. En otra casa los dueños notaron un desorden en el quincho y, al revisar el jardín, encontraron un ventilador que quedó contra el alambrado que perimetra el barrio: no lograron sustraerlo.
“El robo de la bicicleta fue el más grave por cómo se dio. Imagínense que si la señora hubiese intentado resistirse al ataque quizás le hubieran disparado, o cómo podría haber sido el contexto si el delincuente se hubiera sentido amenazado: te disparan, es así. Hoy sufrimos robos, pero nos da terror que podamos sufrir algo mucho más grave si seguimos así”, enfatizó Juan, otro de los vecinos que ayer se manifestaron en la entrada del country y luego participaron en una caravana de bocinazos para protestar frente a la vivienda de los propietarios que habrían solicitado la intervención en 2019.
Auditorías
Según el reclamo de los consorcistas, hace dos años, y debido a la deuda que dejaba la gestión saliente, una residente acudió a Tribunales y pidió una intervención judicial sin el consentimiento de sus vecinos. “Teóricamente, iban a hacer una auditoría que duraría tres meses y luego se conformaría una nueva asamblea de propietarios. Pero eso nunca pasó, o no se nos informó al menos, que viene a ser lo mismo porque seguimos con una intervención que claramente a la Justicia no le interesa resolver”, señaló Javiera Díaz.
LA GACETA le consultó sobre su postura a María del Rosario Terán, quien según sus vecinos es quien pidió la intervención. La mujer sintetizó en mensaje de Whatsapp que la causa está en manos de la Justicia y que no deseaba responder a las “agresiones ni amedrentamientos” de otros propietarios.
Sin seguridad
Los vecinos dijeron que desde que rige la intervención sólo se incrementaron las deudas para los propietarios, la cual llegó a $ 3,7 millones según precisan. “Ahora perdemos el servicio de seguridad privada. Si bien la empresa nos venía brindando un servicio insuficiente, lo cierto es que se van por la deuda que tiene el country. No sabemos qué empresa vendrá ahora, si es que viene alguna. No tenemos la posibilidad de elegir”, indicó Romero.
Los propietarios reconocieron que por temor muchos ya se armaron. Esto se debió a los frecuentes robos que vienen sufriendo en el último tiempo. Una banda que hurtaba bicicletas atacó varias veces en el barrio cerrado. También, hace unos meses, un propietario sufrió un robo millonario en su casa. “El country está muy descuidado. Muchos proveedores se fueron. El salón de la sede ya no se utiliza. Hay obras que quedaron paradas y nada se resolverá hasta que no se levante la intervención”, agregó Díaz.